Coto define si abre a partir del domingo 8 de enero. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Tanto el municipio como el gremio apelarán la medida.
La sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de los tribunales provinciales declaró inconstitucional la ley provincial de descanso dominical y su correspondiente ordenanza municipal. Tras el fallo, el director de la firma Coto, Guillermo Calcagno, anticipó que la compañía definirá “seguramente la semana entrante” si el domingo 8 de enero próximo abre sus sucursales en Rosario. Por su parte, la secretaria Legal y Técnica del municipio, Carmen Donadío, también adelantó ayer que ya prepara para presentar antes de la feria judicial un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala III, que de resultar rechazado deja al municipio habilitado para ir en queja a la Corte Suprema de Justicia santafesina.
En tanto, el sindicato de Empleados de Comercio solicitó al gobernador, Miguel Lifschitz, y a la intendenta Mónica Fein que “activen con urgencia” la apelación del fallo, “porque avasalla competencias propias tanto de la provincia como de la Municipalidad”. Y recordaron que ambas legislaturas (provincial y municipal) aprobaron la ley y la ordenanza por mayoría.
Un año de batalla judicial
La sala III de la Cámara Civil y Comercial, que está integrada por los jueces Darío Cúneo, Ariel Ariza, María de los Milagros Lotti, Gerardo Muñoz y Avelino Rodil, se pronunció ayer en relación a la acción de amparo interpuesta por las firmas Coto y Carrefour.
La vía judicial por parte de las empresas comenzó antes de la puesta en marcha de la ley provincial 13.441 y la ordenanza municipal 9.516, que limita la apertura de las sucursales de supermercados los días domingo. Establece el cierre ese día para los locales cuya superficie superen los 1.200 metros cuadrados.
El nuevo régimen se sintió sobre unas 40 bocas de cadenas de supermercados. Pero la discusión no quedó agotada. Por el contrario, la resolución dada a conocer ayer por parte de la sala III reaviva el debate y deja un horizonte de interrogantes que podrían saldarse recién ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia o el máximo Tribunal de la Nación. Allí, se especula se sabrá definitivamente si la ley queda en firme o no.
Cabe recordar que ambas cadenas de supermercados (Coto y Carrefour) recurrieron a la Justicia en primera instancia con acción de amparo. Pero tanto en julio como en agosto pasado, la jueza Civil y Comercial, Julieta Gentile, rechazó ambas cautelares e incluso ya había denegado este recurso para acciones anteriores a la vigencia de la norma.
Ante la negativa, los supermercados fueron a una instancia superior. El fallo de la Cámara Civil y Comercial, que declara inconstitucional la ley de descanso dominical, contó con tres firmas a favor (Cúneo, Ariza y Rodil) y dos en disidencia (Lotti y Muñoz).
Tras una extensa cantidad de fojas argumentos y considerandos, el Tribunal resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, y por consiguiente revocar la sentencia alzada, y en su lugar se dispone admitir la demanda interpuesta por Coto Cicsa, y en consecuencia, declara la inconstitucionalidad de la ley provincial y la ordenanza municipal.
El abogado rosarino que representa a Coto, Gonzalo Maderna, hizo su lectura de la resolución. “Si bien existe la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante la misma sala, el mismo no tendrá efecto suspensivo sobre la sentencia. Y si bien la sentencia de Cámara no está firme y se podría mantener la vía recursiva, no suspende la medida. Tenemos el derecho y las facultades de poder aplicarla el próximo 8 de enero. Nuestro cliente tiene la decisión final. Si Coto quiere abrir, podrá hacerlo, nada se lo impedirá”, interpretó.
Frente a este escenario, el director de la cadena, Guillermo Calcagno, precisó: “Estamos analizando el fallo y sus implicancias, por lo que vamos a definir si abrimos recién la semana que viene. Vamos a hacer lo de siempre, respetar a la Justicia. En este corto plazo tomaremos la decisión y la daremos a conocer públicamente a la brevedad”.
Desde ASU, Juan Vasco Martínez, señaló que “lo primero que salta a la vista” es la inconstitucionalidad de la norma. El vocero de las grandes cadenas estimó que los puestos de empleo que se perdieron “se podrían recuperar a partir de la apertura los domingos, un tema que no fue un capricho sino que se ha cortado la rotación de personal ni se cubrieron los puestos que se iban retirando”.
Por su parte, la secretaria Legal y Técnica del municipio, Carmen Donadío, ayer mismo adelantó que se está preparando para presentar antes de la feria de verano un recurso de inconstitucionalidad ante la sala III, que de resultar rechazado deja al municipio habilitado para ir en queja a la Corte Suprema de Justicia santafesina.
“Es cierto que no existe efecto suspensivo hasta tanto se dicte la admisibilidad en el máximo tribunal de Santa Fe”, admitió, para estimar después que el fondo de la cuestión podría tener la intervención de la Corte nacional.
Desde el Ejecutivo local, la estrategia judicial parece estar trazada. Se insistirá en dirimir el conflicto en el fuero Contencioso Administrativo, y no en lo Civil y Comercial.
El abogado de Empleados de Comercio, Nicolas Mayoraz, estimó que “esto termina en la Corte Suprema de la Nación”. Y señaló , en declaraciones radiales a LT3, que interpondrán “antes del jueves el recurso ante la Cámara como lo hará la municipalidad y la provincia, luego iremos en queja a la Corte provincial”.
El gremio, en un comunicado, consideró que “la declaración de inconstitucionalidad (por parte de la Cámara) es un acto de suma gravedad y de carácter excepcional que no se justifica en este caso”. También recordaron desde la Iglesia, la Universidad Nacional de Rosario, y cámaras empresarias como la Asociación Empresaria de Rosario, la Cámara de Supermercados, referentes de la vida política nacional, provincial y rosarina, apoyaron y participaron del debate de las normas.
Aval del PRO
El concejal del PRO Gabriel Chumpitaz avaló el fallo y recordó que propuso en julio pasado postergar la aplicación de la ordenanza hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema provincial. “Los primeros damnificados son los trabajadores que pierden un porcentaje importante de su salario y, en el peor de los casos, sus empleos”, afirmó.