Esta sentencia dictada en un proceso plagado de irregularidades, filtraciones mediáticas y presiones políticas, no es otra cosa que un capítulo más en la persecución sistemática contra Cristina, enmarcada en una estrategia regional de lawfare que busca disciplinar a los líderes populares, criminalizar la política y desmovilizar a los sectores organizados del pueblo.

Desde nuestro sindicato, como parte del movimiento obrero y del campo popular, no vamos a permanecer en silencio ante este nuevo intento de proscribir a quien ha defendido con coraje y convicción los intereses de los trabajadores, de los humildes y de la Patria.

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la justicia social y la memoria histórica de un país que no puede permitir que la persecución política se vista de ropaje judicial.

Por esto hacemos un llamado a la reflexión colectiva y a la acción responsable, adhiriendo a la consigna de la Confederación General del Trabajo a mantenernos en estado de alerta y movilización permanente, en defensa de la democracia, de los derechos conquistados y de una justicia verdaderamente independiente al servicio de los intereses de la Nación.