La crítica a la inacción del kirchnerismo sobre libertad sindical es una llamativa mala nota internacional.
Ojalá a Cristina Kirchner no se le ocurra responder a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de las redes sociales. Ya utilizó Facebook para teorizar sobre la muerte de Nisman como si fuera una panelista de TV y Twitter para burlarse desde China del acento de los habitantes de ese país. Lo único que falta ahora sería meterse en nuevos problemas para replicar las duras advertencias de ese organismo internacional a su gobierno por no respetar la libertad sindical.
En realidad, los cuestionamientos se repiten cada año, pero los reclamos del flamante informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que se conoció el viernes pasado, dejan peor parada a la Presidenta en materia laboral justo en el último tramo de su gobierno: allí, al volver a cuestionar los privilegios exclusivos que brinda el sistema de personería gremial de la Argentina, y en un tono inusualmente duro, le “pide firmemente (al Gobierno) que extraiga todas las consecuencias” de los fallos de la Corte Suprema que reconocieron los derechos de los sindicatos con simple inscripción “con el fin de poner la legislación en conformidad con el convenio (número 87 sobre libertad sindical)”.
El documento de la OIT, que suele utilizar un mensaje medido, se pone áspero cuando afirma: “La Comisión lamenta que el Gobierno se limite a declarar que el alcance de esas decisiones (de la Corte) incumbe solamente a los casos examinados”. Así, demuele la interpretación de la Casa Rosada de que los fallos que fueron debilitando al unicato sindical no sientan jurisprudencia sino que sólo rigen para los conflictos específicos que dieron lugar a las sentencias del máximo tribunal.
Parece una cuestión técnica, pero la insistencia de la OIT en criticar la inacción del kirchnerismo en materia de libertad sindical es una llamativa mala nota internacional. Y, además, adquiere otra relevancia cuando está en el tapete el debate sobre un Código del Trabajo que impulsa el diputado ultra-K Héctor Recalde y que es imaginado como la primera parte de una reforma laboral más profunda, que contemplaría polémicos proyectos, pero que en ningún caso incluye cambios en la ley sindical respecto del sistema de personería, que es lo que viene reclamando la OIT.
El proyecto de Recalde está avanzando en el Congreso (la resolución para crear una subcomisión que elaborará un anteproyecto de ley tuvo 80 avales de distintos legisladores) y el propio diputado kirchnerista advirtió a Clarín que la iniciativa “se pondrá a disposición del Poder Ejecutivo”.
El diputado K insistió en que la idea es “ordenar, limpiar y concentrar” la legislación laboral, que “hoy está dispersa”, de la misma forma que se hizo con el Código Civil y Comercial. “No habrá ninguna innovación, sino sólo un ordenamiento”, aclaró Recalde para frenar las versiones de que busca aprobar otros proyectos de ley. Pero hay planes para una segunda etapa, si hay consenso político, que apunta a sancionar iniciativas como los comités mixtos de higiene y seguridad, la extensión de las licencias parentales y el proyecto contra la violencia laboral y el acoso sexual.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) están esperando el regreso de su titular, Héctor Méndez, para analizar el tema. Uno de sus vicepresidentes, Daniel Funes de Rioja, dijo a Clarín que “no es el momento” para el Código de Trabajo y destacó que “tampoco hace falta: si la idea es sólo ordenar la legislación laboral, el año pasado se sancionó el Digesto Jurídico Argentino con ese mismo fin”. Pero el dirigente industrial sospecha algo más: “Quieren volver a la ley de contrato de trabajo del año 1974 porque consideran que, desde entonces, todas las leyes favorecieron la flexibilización”.
La gran duda es si el controvertido proyecto tiene el apoyo de la Presidenta. Un empresario escuchó en boca de un ministro que ella “no tiene interés” en esa iniciativa. Enigmático, el titular de Trabajo, Carlos Tomada, sólo admitió que “por ahora no está en agenda”. Como sea, Recalde se propone entrevistarse con Cristina Kirchner para convencerla de bendecir su idea.
En algunos sectores de la Casa Rosada creen que un año electoral como éste no es el ideal para impulsar cambios laborales profundos. La última palabra, se sabe, será de la única dueña del “modelo” K.
Donde la palabra presidencial pesa más que el voto de los trabajadores es en la seccional ANSeS de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE): el Gobierno anuló los comicios de delegados en los que la nómina del jefe de la CTA opositora, Pablo Micheli, le ganó al oficialismo auspiciado por el camporista Luciano Fernández. “El kirchnerismo hace trampas para entrar a sangre y fuego en ATE, pero la conducción nacional del gremio coquetea con ese sector y así perderá los comicios de este año”, dijo Micheli a Clarín, confirmando su puja con los fieles a Víctor De Gennaro.
La Presidenta, al menos, pudo celebrar el triunfo de Pablo Biró en las elecciones del gremio de pilotos, que le ganó por apenas 30 votos a su hermano, Daniel, apoyado por el moyanismo. En los comicios hubo “sensación de violencia”: el oficialismo denunció la presencia de “patotas de los camioneros”, mientras la oposición lo acusó de contratar “siete guardaespaldas armados” para custodiar las urnas.
Los abogados de ambos sectores, por suerte, auspiciaron la firma de un acuerdo para garantizar la paz y la transparencia. Menos mal que a Cristina no se le ocurrió tuitear sobre este acto de sensatez sindical: con su dudosa diplomacia, hubiera precipitado una guerra.
Fuente: Ricardo Carpena, Clarín.