Tras tres años y nueve meses de disputas legales, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta declaró la nulidad del despido de Maximiliano José Reynoso por parte de Walmart y ordenó que sea reincorporado en su puesto de director técnico de Higiene y Seguridad Alimentaria de la sucursal Orán de Changomás, donde había sido elegido delegado sindical en el año 2015.

Tal como consta en el texto del fallo que lleva la firma de la jueza Mirta Inés Regina, Walmart pretendió “desprenderse” de Reynoso mediante un despido sin causa, desconociendo no solo su rol de delegado sindical sino que incluso intentó negar la existencia y legitimidad de la APPyJC.

En la descripción de la sentencia se puede observar esa llamativa actitud negacionista de la empresa que actualmente pertenece a Francisco De Narváez. La magistrada da cuenta de que la APPyJC le había notificado a Walmart vía carta documento que Reynoso se presentó como candidato para la elección del 15 de julio de 2015 “a fin de representar a los trabajadores jerárquicos de la mencionada empresa”.

Quedó probada la recepción del documento, y no solo eso: la empresa contestó con otra CD desconociendo el acto eleccionario al acusar falsamente a la APPyJC de no estar constituida como entidad gremial.

Días después, el gremio le envió a Walmart una segunda carta documento, donde le informaba a la empresa que Reynoso había resultado electo delegado de la sucursal Orán. El documento “fue desconocido expresamente” por la empresa, pero “exclusivamente en su autenticidad, sin negar su recepción”, determinó la Justicia.

Desde entonces y hasta el fallo final de la Cámara de Apelaciones salteña, la empresa insistió en su postura de desconocer la legitimidad de la APPyJC.

En ese sentido, la descripción de la jueza es elocuente: “Hallo que las argumentaciones de Walmart Argentina S.R.L. se traducen en un mero disconformismo con la sentencia de grado, pues allí se determinó tanto que José Maximiliano Reynoso fue delegado gremial, como que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio resultó ser un sindicato, por la valoración hecha de las probanzas rendidas en la presente causa”.

Las “probanzas” a las que hace alusión la magistrada refieren, entre otras cosas, a la constancia expedida por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, del Ministerio de Trabajo, mediante la cual se verifica que “la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio goza de inscripción gremial otorgada por resolución N° 529 del 7 de junio de 2013 e inscripta en el registro respectivo bajo el N° 3.026 con carácter de entidad gremial de primer grado”.

No solo eso: el texto de la sentencia hace alusión a que esas tres fojas de documentación “fueron certificadas por la Escribana adscripta Mariana Farkas Cantonnet, quien expresamente dijo que ‘es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe’”.

Como si no fuera suficiente prueba, la jueza determinó que “surge del buscador web de acceso público del Ministerio de Trabajo… que, bajo el nombre ‘Buscador de Entidades Sindicales’, se encuentra la ‘Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio’ y que “al insertar dicho nombre en el cuadrante correspondiente, cuyo contenido sobre la resolución ministerial de su inscripción gremial coincide con la que surge de las fotocopias autenticadas aquí agregadas”.

Por todo esto, el tribunal concluyó que Reynoso se encontraba gozando de tutela sindical “al momento de la extinción unilateral del vínculo”, por lo que “la demandada estaba impedida de despedir sin causa (art. 48 de la ley 23.551)”.